La escasez de oferta de vivienda de interés social y popular y el encarecimiento del suelo urbano restringen la producción de vivienda para los habitantes de la Ciudad de México, coincidieron ayer en advertir las presidentas de las comisiones de Vivienda y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa, Margarita González Fisher y Dunia Ludlow, respectivamente.
Durante la presentación del “Diagnóstico de Vivienda en la Ciudad de México”, las legisladoras urgieron en la necesidad de una nueva regulación urbana en la materia, toda vez, que la Norma 26 ha sido aplicada con múltiples irregularidades.
De acuerdo a un análisis de ambas asambleístas, las condiciones demográficas y económicas de la capital del país, evidencian que para amplios sectores de las y los capitalinos cada día es más difícil acceder a una vivienda digna y tener la certeza jurídica de su propiedad.
Por su parte, la priísta Ludlow Deloya explicó que cada año se requieren más de 50 mil viviendas nuevas, otras 8 mil acciones de mejoramiento, mismas que no son satisfechas.
Además, 178 mil viviendas padecen hacinamiento o deterioro grave, destacó.
Dijo que las condiciones del mercado restrictivas, el suelo escaso y de costo elevado; además de que aproximadamente el 50 por ciento de la población económicamente activa gana menos de cinco salarios mínimos, por lo que no es sujeta de créditos de la banca comercial; mientras que los organismos federales, no aplican créditos por los altos precios de las viviendas.
Además, dijo, la excesiva tramitología, hace más evidente las insuficiencias actuales del marco jurídico; lo cual redunda en ganancias para los especuladores, con recientes fenómenos de despojos y desalojos y la baja velocidad de la rotación del capital que va en detrimento de la inversión.
Al abordar el tema, la diputada Margarita Martínez Fischer, explicó que para atender esta problemática, en 2010 se emitió la Norma General de Ordenación 26, para regular e impulsar la construcción de vivienda de interés social y popular, con un valor máximo de venta menor a los 709 mil 450 pesos.
Sin embargo, dijo, dicha norma fue suspendida por el Gobierno del Distrito Federal desde 2012, ante las múltiples irregularidades, como la venta de departamentos supuestamente de interés social o popular muy por encima de su precio máximo establecido en la norma.
Además, la aplicación irregular normativa que benefició a los agentes inmobiliarios e impactó negativamente en su oferta y, por lo tanto, en las posibilidades de acceso de la población de menores recursos.
Consideró que para lograr establecer con precisión el estatus jurídico y normativo de la construcción de vivienda social y popular en la Ciudad de México, se debe contar con información de los diferentes órganos del Gobierno local con facultades para su promoción.
Ante una solicitud de la ALDF, el Gobierno capitalino respondió que entre 2011 y 2015, se realizaron 137 procesos de investigación por presuntos incumplimientos en materia de zonificación y construcción; de los cuales en 80 casos se acreditó el incumplimiento de la Norma 26, ante lo cual la panista consideró necesario crear un nuevo modelo jurídico, que regule e impulse la construcción de vivienda destinada a la población de menores recursos.
De acuerdo a la legisladora, el nuevo marco jurídico que regule la construcción de vivienda, serán instrumentos jurídicos y administrativos que garanticen que las viviendas de interés social y popular construidas a su amparo no puedan ser revendidas a un precio final de venta superior al máximo establecido en dicha regulación.
También se establecerán sanciones, incluso penales, para los responsables de su aplicación irregular, con mecanismos de control y vigilancia bajo criterios registrales y de transparencia administrativa.
Se dispondrán beneficios fiscales y administrativos que incentiven las buenas prácticas urbanas e inmobiliarias y se contará con mecanismos jurídicos y normativos para incorporar suelo apto y óptimo para lograr dichos objetivos.
Finalmente, las diputadas anunciaron la realización de mesas de trabajo con dependencias involucradas a partir del 11 de marzo.
Con información de: El Sol de México